El aumento anunciado, de 112% y de 325% según los casos, es discriminatorio porque se impulsa al par que se eliminan los impuestos que gravan a las bebidas que utilizan edulcorantes sintéticos. El fundamento de que los productos sobre los que se aumentan las alícuotas son “perjudiciales para la salud” desconoce que la ANMAT no aprueba alimentos que perjudiquen la salud de la población
(Buenos Aires, 1° de noviembre de 2017) – La medida impulsada por el gobierno nacional que incrementa los impuestos internos a las bebidas azucaradas generará importantísimas pérdidas de puestos de trabajo en la cadena azucarera.
El incremento anunciado elevará los impuestos internos de esas bebidas en proporciones irrazonables: 112% sobre la alícuota vigente en el caso de aumentos del 8% al 17%, y 325% para los productos saborizados con jugos de fruta.
La medida es claramente discriminatoria en contra del azúcar ya que, en tanto incrementa significativamente los gravámenes sobre las bebidas con azúcar, insólitamente elimina los impuestos internos que gravaban a las que utilizan edulcorantes sintéticos llevándolos a 0%. Se está promoviendo así una sustitución de insumos nacionales (edulcorantes calóricos) por otros importados (edulcorantes sintéticos) y, lo que es peor, de dudosos beneficios para la salud.
La discriminación surge del preconcepto expresado por el ministro de Hacienda en su presentación del paquete de reformas, cuando caracterizó a las bebidas en cuestión como “perjudiciales para la salud”. Esta afirmación ignora que, como indica el sentido común, ninguna bebida autorizada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) que afecte la salud.
La obesidad y el sobrepeso, que suelen adjudicarse erróneamente y de manera simplista a la presencia de azúcar en los alimentos, no tienen una sola causa: la bibliografía disponible demuestra lo contrario. Este tipo de enfermedades arrastran una mezcla de factores que contribuyen a su desarrollo, entre ellos el aumento del sedentarismo y un consumo excesivo de alimentos de baja densidad nutricional, lo cual dista de las recomendaciones que llegan a la población desde tiempos remotos en relación con el consumo moderado de alimentos y un estilo de vida activo.
El castigo impositivo a las bebidas azucaradas también es discriminatorio porque tiene un fuerte efecto regresivo, y afecta más que proporcionalmente a los sectores de menores ingresos de la sociedad.
La medida tendrá graves consecuencias en el empleo directo e indirecto en el sector azucarero del noroeste argentino, estimado en 200.000 trabajadores. La merma del consumo incidirá en una reducción estimada de 5.000 puestos de trabajo solo en el sector azucarero. Además, el incremento de la recaudación impositiva no será directo debido a la reducción del consumo, en tanto que el impacto en el sistema previsional será negativo por la pérdida de empleos.
La medida propiciada por el Poder Ejecutivo tiene un claro corte recaudatorio pero se presenta como si constituyera una contribución decisiva a la salud nacional. Baste con revisar la efectividad de medidas semejantes en países como México, Francia y Dinamarca. Conforme a un reciente comunicado del gobierno mexicano, después de tres años de haberse incrementado los impuestos a las gaseosas, la reducción de consumo de calorías fue de tan solo 6 Kcal diarias, y un resultado similar se registró en Francia. Dinamarca, luego de varios años de haber incrementado los impuestos a los productos con grasas, decidió eliminar el gravamen por su efecto nulo sobre la salud de la población.
Regulaciones contra el azúcar buscando restringir su consumo dieron lugar al efecto inverso en varios países. En Australia en los últimos 15 años el consumo interno de azúcar cayó un 20% pero la obesidad en el mismo período se duplicó. El fenómeno es conocido como la “paradoja australiana”.
Por todos estos motivos, el Centro Azucarero Argentino (CAA) hace un llamado a los legisladores que deben tratar la reforma impositiva a fin de que consideren las consecuencias económicas y sociales de la medida proyectada, y también el hecho de que decisiones semejantes inducen al consumidor a sustituir un endulzante natural por uno artificial., lo cual beneficia a los edulcorantes no calóricos, que se producen en todos los casos fuera del país y no generan empleo doméstico.
El CAA cree que la Argentina necesita una reforma fiscal de fondo basada en una reducción de gastos superfluos, un incremento de la recaudación sostenido fundamentalmente en la mayor actividad económica y una más estricta fiscalización que actúe contra la elusión y la evasión impositivas, más allá de otras medidas puntuales.
Por información adicional: Armando Torres 011 15 5339 1471